Por: Allan Fabricio Calderón Gasca
Esta semana una parte del país, nuevamente se consterna y sorprende por el ataque (bombardeo) a un campamento del disidente del proceso de paz, conocido como Gentil Duarte, lo que sorprende a un más, son las calificaciones y declaraciones que rindió el Ministro de Defensa, Diego Molano al tratar de justificar el despiadado ataque en el cual se encontraban menores de edad, una conducta que ya parece ser propia del Gobierno. Recuérdese lo sucedido el jueves 29 de agosto de 2020, en la vereda Candilejas, zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá; donde aviones Tucanos de la Fuerza Aérea Colombiana segaron la vida de 7 menores, y le costó el puesto al entonces ministro Guillermo Botero. Y en esta oportunidad ¿Qué pasará?
La noticia: “El día 3 de marzo, el ministro de Defensa informo el resultado operacional de un trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas en contra de un campamento de la estructura criminal de Gentil Duarte, en el territorio de Calamar – Guaviare, en el cual indicó que se habían abatido 10 guerrilleros de las Disidencias de las FARC. Esta semana el periodista Hollman Morris, denunció que el desarrollo operacional fue un Bombardeo, y que había dejado como resultado la muerte de 14 niños, de lo cual Medicina Legal (entidad adscrita a la Fiscalía General de la Nación, dirigida por el mejor amigo del Presidente Duque, jefe de las Fuerzas Militares), ha confirmado el cuerpo de una adolescente de 16 años”.
Como justificación, dijo el ministro ante el programa radial de la W:
“Es que aquí no estamos hablando de que había alguien aprendiendo para el ICFES … son jóvenes convertidos en máquinas de guerra”,
Sin duda una calificación de esas, dadas por un alto dignatario del gobierno, es preocupante, sobre todo para una persona que estuvo a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, lo que resulta un propio contra sentido. Pasó de ser protector y garante de los derechos de los niños y ahora los cataloga como potencial “Maquinas de Guerra”, ministro ¿y si mejor los vemos como mentes potenciales, que pueden ayudar al desarrollo y crecimiento del futuro de este país?, no tiene respuesta la pregunta, ¿Por qué el gobierno no le invierte más presupuesto a la educación, ciencia y tecnología, que vez de aviones, camuflados, armas, etc., para la guerra? Esos niños, si deberían estar aprendiendo e instruyéndose en como prepararse para el ICFES, y no estar expuestos a la merced del lobo que los roba y los convierte en malos, todo por el abandono Estatal.
La visión fragmentada y enferma de la otra parte de la sociedad, de manera indolente, al igual que el ministro Molano, se han escudado en desviar el asunto y la realidad de las cosas, escudándose en la legitimidad y “legalidad” del ataque, en las bases del DIH – Derecho Internacional Humanitario, desconociendo en todo sentido sus propias reglas y protocolos para aplicarlo.
El marco jurídico operacional para la legitimidad de un ataque, como el bombardeo a una estructura armada y organizada, debe hacerse con el cumplimiento estricto de los protocolos y normas del DIH, esto es, los cuatro Convenio de Ginebra y sus dos protocolos adicionales; para el caso de Colombia, se trata del Protocolo II adicional, y demás tratados, resoluciones que hayan surgido a fin de regular la guerra. El DIH, es considerado como aquel derecho que humaniza la guerra, esta para prevenir y proteger a la población civil que no participa de manera directa en el conflicto armado, y así mismo, en garantía y respeto de la dignidad humana de la persona combatiente y cuando esta pierde su estatus.
Si bien es cierto, que el desarrollo de operaciones Beta (bombardeo) son legítimas, pero deben valorarse distintos factores, entre ellos la información de inteligencia, quien es la que se encarga de clasificar el objetivo de alto valor militar y si existe o no personal civil en la zona de impacto, también debe garantizar que no exista presencia de menores de edad, esto no quiere decir que un menor de edad no es un objetivo o blanco legítimo al que no se pueda atacar, sino que en los conflictos armados internos; o como lo cataloga el DIH conflictos armados no internacionales como el que tenemos en Colombia y la problemática del reclutamiento forzado de menores (sancionada por el DIH y se cataloga como crimen de guerra), no es viable un bombardeo, ya que esos niños y niñas tienen una condición diferente; pues, no es lo mismo que un menor haya tenido la voluntad de irse a participar de la hostilidades, a diferencia de otro que no tiene esa voluntad, pero que por el abandono del Estado se hacen presas fáciles de esos grupos armados que terminan reclutándolos para la guerra. Ante esta eventualidad la clausula Martens adquiere gran importancia, y en términos sencillos como lo expuso el profesor Víctor de Currea Lugo, lo que significa esa figura jurídica es: “ante la duda, mejor proteja”, deben las Fuerzas Militares primero proteger y tener seguridad para dar una orden de ataque.
No puede el ministro escudarse en decir que no se tenía certeza de que existiera presencia de menores de edad en el campamento de Gentil Duarte, pues de ser eso cierto; que no se sabía y que la información de inteligencia militar no haya reporto la presencia de infantes, demuestra que hay un problema institucional de orden y disciplina, valores que distingue el honor militar.
Calamar es una zona azotada por los grupos armados ilegales, y donde la práctica del reclutamiento forzado a menores es usual, información con la que cuenta la Defensoría del Pueblo y la Personería, es algo obvio y más probable de que en esos campamentos exista presencia de menores de edad, por lo que la operación militar debe ser distinta a un bombardeo, ya que el Estado debe garantizar la protección y vida de esos menores reclutados, de hecho, los derechos humano son tan estrictos, que en el momento en que sean reducidos o neutralizado menores, estos no se les llaman “capturados” sino “recuperados” categorías que también le ha dado la legislación colombiana.
Parece ser que este gobierno y la institucionalidad del Ministerio de Defensa, no entiende lo ordenado por la Constitución Política de 1991, en su articulo 2, el cual habla de los fines del Estado, y en su inciso segundo se destaca que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, su vida, honra…”; honra que un niño o niña termina perdiendo por un Estado indolente, en cabeza de un presidente que solo le importa la guerra, desconoce este gobierno que los niños, niñas y adolescentes de este país gozan de garantía y especial protección constitucional.
El articulo 28 de la Ley 1098 de 2006, conocida como el Código de Infancia y Adolescencia, señala que “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado…” pero lo que sucede en este país es todo lo contrario, no se conoce, ni se ha informado nunca que este gobierno y los otros anteriores envíen a las zonas rurales y veredales helicópteros, aviones o barcos que estén cargados de libros, computadores, tables, internet, insumos para laboratorios de física o química, elementos que pueden hacer que medianamente los niños y niñas de este país que se encuentran en esas regiones inhóspitas, puedan presentar un examen del ICFES confiadamente con todo el conocimiento que se requiere, donde tengan la oportunidad de tener un conocimiento que ayude aportar y contribuir al desarrollo de esta Nación, al menos con un conocimiento donde se les enseñe de paz y no guerra.
Se exige que este gobierno deje de estar bombardeando a los niños y niñas, que ya no vea más a la infancia como una potencial máquina de guerra, mejor estaría si viera a la población infante como las futuras mentes del desarrollo, cosa que pasaría si realmente tuvieran apoyo total del Estado.
Posdata: Les recomiendo escuchar la canción del grupo musical Herencia de Timbiquí llamada “Coco por Coca” y ver las películas que retratan el dolor infantil como lo es “Voces Inocentes” y “Los Colores de la Montaña”
Allan Fabricio Calderón Gasca
Asesor Jurídico
