Desde principios de año, el Tribunal espera respuesta del mandatario para adelantar medidas cautelares sobre el cementerio central de Neiva.
Cinco meses después de que la JEP notificara a la Gobernación del Huila su vinculación al trámite de medidas cautelares que el despacho estudia para proteger los restos de personas no identificadas que han sido enterrados en el cementerio central de Neiva, a la fecha los magistrados no han recibido respuesta de la administración departamental.
Ante el silencio y lo que entienden como una falta de cooperación de parte del mandatario, la JEP decidió abrir un incidente de medidas correccionales contra el gobernador Luis Enrique Dussán López.
A partir de ahora, Dussán tiene tres días hábiles para ejercer su derecho a la defensa y, de ser necesario, la JEP procedería a imponer la medida correccional que corresponda.
Los magistrados de la jurisdicción resaltaron la importancia de “asegurar el correcto funcionamiento de la administración de justicia y con él la garantía de los derechos de las víctimas”. Por eso dicen que el papel institucional de la JEP está diseñado para garantizar una transición estable, con respeto por los derechos de las víctimas y sin impunidad.
El pasado mes de abril la JEP anunció la vinculación de la Gobernación del Huila, la Alcaldía y la Diócesis de Neiva en el trámite de medidas cautelares sobre el cementerio central de esa ciudad.
Por lo mismo, autoridades departamentales se encargarían de vigilar el cumplimiento de la conservación de los cuerpos de personas no identificadas que habían sido enterradas allí.
En ese proceso, la JEP le había pedido a la Gobernación “información sobre las acciones y políticas adoptadas para cumplir con dicha disposición, cuál es la dependencia encargada y los resultados. Sin embargo, después de cinco meses la Gobernación del Huila no ha dado respuesta”.
El Tribunal explicó que esta información es imprescindible a la hora de tomar una decisión sobre el alcance de las medidas cautelares que la JEP estudia en esa región, con miras a proteger los cuerpos que reposan allí.
Por eso, magistrados manifestaron que “la falta de respuesta por parte de la entidad obstaculiza la satisfacción de los derechos de las víctimas”.
Fuente: Semana
