La obra estaba proyectada para la realización de eventos cívicos y culturales, hoy en día se encuentra en total abandono, a pesar de ser ejecutados 3.207 millones de pesos, provenientes de regalías petroleras.
El contralor Delegado, Diego Angelillis Quiceno, confirmó la apertura del proceso de responsabilidad fiscal para recuperar los dineros perdidos que alcanzan los 2.657 millones de pesos, como detrimento patrimonial, por las omisiones y el despilfarro de los recursos públicos responderán los contratistas, los dos últimos alcaldes Jesús Ernesto Álvarez y José Sevel Castro, sus secretarios de Infraestructura, al interventor y por supuesto, a los miembros del consorcio, encargado de la construcción de la obra.
El proyecto fue aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) el 18 de noviembre de 2015 (Acuerdo 09), con un costo inicial de 2.787,58 millones de pesos, El 23 de diciembre de 2015 fue firmado el contrato de interventoría adjudicado al consorcio Interventoría Ágora, por un valor de 181,13 millones de pesos.
El 29 de diciembre de 2015, dos días antes de culminar el periodo del alcalde saliente, Jesús Ernesto Álvarez, se firmó el acta de inicio. De entrada recibió como anticipo 298,9 millones de pesos. En ese documento se estipuló que la obra debía entregarse terminada el 29 de junio de 2016 en la nueva administración, pero jamás se cumplieron los objetivos planteados.
Un informe de supervisión suscrito en mayo de 2019, reportó que en esa fecha el contrato se encuentra suspendido por séptima vez, los contratistas suspendieron en variadas ocasiones con escusas banales, como el paro camionero, temporadas de lluvias, entre otras, el caso es que en el tiempo que lleva la obra, se han adicionado mas de Mil millones de pesos para terminar la infraestructura, pero el avance quedo en menos del 70%, dejando incompleta la obra y dando paso al deterioro de los materiales.
Como presuntos responsables tendrán que responder los contratistas aglutinados en el consorcio Único 2015, conformado por Mauricio Andrés Rodríguez Romero, gerente de Obras y Servicios de Neiva Sas, el principal accionista con el 70% y Farith Willinton Morales Vargas.
Igualmente deberán responder los integrantes del consorcio Interventoría Ágora, Federico García Arbeláez, Rodrigo Pedroza y Weimar Ferney Escobar, por las graves omisiones en la firma y ejecución del contrato fueron vinculados al proceso de responsabilidad los ex alcaldes Jesús Ernesto Álvarez y José Sevel Castro.
Los ex secretarios de Infraestructura de las dos últimas administraciones, Fabián Andrés Tovar Serrano y Angel Harbey Cabrera Leal, también tendrán que responder en este caso.
Fuente: La Nación
